En una nota publicada la semana pasada en “El Mercurio”, se informa que el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica propone entregar terrenos fiscales a empresas inmobiliarias, como garantía para que desarrollen viviendas sociales de arriendo. Otros afirman que el Estado debe administrar directamente las viviendas de alquiler, masificando la “inmobiliaria popular” del alcalde Jadue. Estos modelos de renta tienen varios problemas. El primero y más relevante es que van contra las preferencias de las familias: la enorme mayoría de quienes postulan a los programas estatales quiere ser propietario. Si esos recursos se mueven a arriendo, la frustración social será enorme y los campamentos podrían explotar. Cuando el Estado administra las viviendas, hay riesgos de captura política de los beneficiados y baja rotación, ya que es muy difícil desalojar a morosos. En las viviendas sociales de alquiler administradas por privados se han visto conflictos por alzas en los costos de mantención o las tarifas que debe subsidiar el Estado. La propiedad privada debe seguir siendo el pilar de la política de vivienda, sin perjuicio de las soluciones transitorias que se logren con arriendo. Para ello los terrenos fiscales tienen un rol estratégico, ya que evitan la expulsión de las familias vulnerables a los extramuros de las ciudades. Cualquier uso alternativo de este suelo, para apalancar negocios privados o sacar rentas políticas, sería inexplicable considerando la severa crisis habitacional por la que atraviesa nuestro país.